Categorías: Miscelanea

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Guripa · 5 marzo, 2011 a las 19:22

Una vez cuantificadas económicamente las consecuencias negativas para la economía de Patrimonio Nacional y de los empresarios de la zona, debiera procederse a reclamrlas al PSOE y a sus cómplices en el delito, aunque sean jueces o fiscales de su cuerda.

No parece de recibo que el gobierno, que debiera velar por el bien común, o los jueces y fiscales, que debieran vigilar la legalidad, permitan o promuevan actuaciones en perjuicio de los administrados. Si esto no es así entonces estaremos sentando las bases razonables para una sublevación popular.

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