Un informe del Tribunal de Cuentas sobre el consejo de administración de Patrimonio Nacional destapa graves irregularidades en la gestión y contabilidad en este organismo autónomo dependiente del Ministerio de Presidencia. El documento, el primero de este tipo que elabora la entidad fiscalizadora sobre Patrimonio Nacional, analiza a lo largo de 119 folios la gestión de esta firma pública durante el ejercicio 2013.
El contenido del informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, es demoledor: desde vocales del Consejo de Administración que cobran dietas por ir a reuniones (900 euros por cada una) a las que no asisten, troceo de contratos menores que, año tras año, se adjudican a las mismas empresas vulnerando supuestamente la Ley de Contratos del Estado y los principios de concurrencia y publicidad; triquiñuelas para que determinados bienes sean disfrutados año tras año por las mismas personas, descontrol en las recaudaciones de las entradas a museos de palacios y templos religiosos (hay numerosos arqueos en los que se observa que las ventas de entradas no se corresponden con el dinero que llega a la caja); alquileres de edificios y solares públicos por cantidades ridículas (los hay de menos de tres euros mensuales); cesiones gratuitas de bienes públicos a terceros a cambio de nada, descontrol en el inventario de muebles e inmuebles y también deficiencias en traslados de obras de arte.
También hay piezas de valor que se han perdido y otras cuyo paradero se ignora, según se desprende del amplio informe que ha elaborado el departamento que dirige la vocal Enriqueta Chicano.
Tras su exhaustivo análisis, el tribunal señala que ha observado “numerosos errores y circunstancias que ponen de manifiesto debilidades del control interno en prácticamente todas las áreas de gestión” de este organismo público. Pertenecen a Patrimonio Nacional, por ejemplo, los palacios Real de Oriente, de Aranjuez y de la Almudaina, en Palma de Mallorca; el Palacio de la Zarzuela, el del Pardo y el monte que le rodea, especialmente protegido; el monasterio de Yuste, la administración del Valle de los Caídos, así como templos religiosos, fincas y casas forestales e incluso instalaciones deportivas repartidas por Madrid y otras provincias españolas. En general, todos los bienes relacionados con la Corona, incluidos los regalos que reciben los Reyes de mandatarios de otros países.
El informe, que en el futuro puede incorporar nuevas observaciones y alegaciones, advierte también de «debilidades» en las herramientas o aplicaciones informáticas de que se sirve Patrimonio Nacional para controlar sus bienes. Se trata de las denominadas aplicación Goya (que contiene la base de datos de los bienes muebles histórico-artísticos), de Gespre (gestión presupuestaria), Flippo (nóminas de los empleados), Gespou (existencias), Gesfincas (arrendamientos) e Ibis (catálogos de las reales bibliotecas), entre otros, según el informe.
El presupuesto de Patrimonio Nacional, con una plantilla entre funcionarios y personal laboral cercana a las 1.400 personas, fue de 113 millones de euros en el ejercicio fiscalizado, el de 2013.
Lo que ha examinado por primera vez el Tribunal, de oficio, es al órgano rector de este organismo, constituido en 2013 por el presidente, la gerente y 10 vocales, cinco de ellos con derecho a percibir dietas por asistencia a las reuniones del consejo y todos los bienes muebles e inmuebles que tiene el deber de preservar y administrar.
“En 2013 se celebraron 11 reuniones [del Consejo], habiéndose pagado a cada uno de los cinco vocales 9.900 euros en concepto de asistencias, a razón de 900 por reunión”, señala el informe. Este dinero fue “autorizado por el Ministerio de Hacienda para los años 2011 y 2012 y aplicado también por el consejo en 2013, aunque sin autorización expresa para ello”. El tribunal ha observado “que algunos pagos fueron indebidos por corresponder a reuniones a las que el perceptor no había asistido”, reza el documento.
El consejo de Patrimonio Nacional ha alegado ante el tribunal que estos pagos tenían soporte legal y que se debían a que los vocales implicados acudieron a otras reuniones. “No se puede aceptar que los citados artículos [legales] permitan el pago de indemnizaciones por la concurrencia a reuniones a personas que no han asistido a las mismas”, señala el Tribunal de Cuentas.
“En prácticamente ninguna de las áreas de gestión existen manuales de procedimiento que especifiquen las funciones a desarrollar, sus responsables, procesos, autorizaciones, supervisión, registros, etcétera. La experiencia y profesionalidad de los empleados del organismo suplen en gran parte estas carencias, pero no es suficiente (…) Y muchos servicios funcionan de modo casi autónomo».
Patrimonio Nacional ha comunicado al tribunal alegaciones sobre algunas de las irregularidades que han advertido los auditores que han elaborado este informe. El tribunal precisa: “La ausencia o insuficiencia de información o documentación fiable en algunas áreas ha impedido obtener evidencias sobre importantes aspectos de la gestión fiscalizada, constituyendo limitaciones al alcance, principalmente en las áreas de inmovilizado, deudores, acreedores, ingresos por la venta de entradas a los museos, ingresos por la venta de artículos en las tiendas de los mismos e ingresos por arrendamientos”.
El inventario relativo al Consejo, señala el informe, está formado por 180 registros (bienes), que incluyen 627 inmuebles, así como el relativo a los Reales Patronatos, que cuenta con otros 356 registros, que incluyen 471 inmuebles. Muchos de ellos figuran catalogados como Bien de Interés Cultural. “Los inventarios se soportan en una base de datos”, señala el Tribunal, “cuya información adolece de inexactitudes, omisiones, inconsistencia, falta de homogeneidad y discrepancias con otras fuentes de información, imposibles de conciliar”.
Señala también el informe que “un número elevado» de bienes figuran erróneamente en lo que se denomina Fuera de Patrimonio, «por exposición, depósito, restauración y otras causas». El tribunal ha detectado deficiencias en el contrato de depósito de bienes en el Palacio de la Moncloa, en el que la última revisión física de los bienes depositados allí se realizó en 2005, lo que supone un incumplimiento contractual reiterado y un riesgo sobre el control de los mismos”.
Fuente: EL PAIS
1 comentario
Guripa · 21 marzo, 2016 a las 16:25
No he leído en el artículo desde cuándo están siendo cometidas las irregularidades. El informe se refiere solo al año 2013, y me parecería muy clarificador que se extendiera a los últimos, no sé, ¿cuarenta o cincuenta años?
La experiencia reciente que tenemos en España es que todos los altos cargos de todos los partidos políticos, están o han estado, implicados, directa o indirectamente, en casos parecidos de, llamémoslo, «gestión poco transparente» de los bienes y dineros públicos.
Ni un partido llega al poder para acabar con prácticas irregulares ni para iniciarlas. Esto del mangoneo lleva en marcha medio siglo.
En todo caso, el informe debería ser más preciso en las definiciones, pues no es lo mismo una subvención que una asignación. Lo puede parecer, pero no lo es. Claro que tampoco le vamos a pedir al vocero de la progrhez que mida sus expresiones cuando de atacar a cualquier cosa relacionada con la Iglesia Católica se trata. Imagino el gustazo que habrán sentido cuando han encontrado algo que utilizar contra el Valle de los Caídos, el Monasterio de El Eacirial o el Monasterio de Yuste. Ya veremos si es verdad lo que dicen.
De lo que no habla este informe es del acoso institucional, mediante el ahogo financiero intencionado, contra el Valle de los Caídos desde hace décadas. ¿Acaso es un tema menor? ¿Cuánto dinero generó este monumento y durante cuántos años, y cuánto de ese dinero se invirtió en su conservación y mantenimiento, cuestiones éstas vitales para comprender de qué se habla? No olvidemos que Patrimonio Nacional tiene la obligación legal de atender estas necesidades. Quizá el último presidente del organismo, Rodríguez-Spiteri, pudiera arrojar luz sobre algunas cuestiones.
Sobre este asunto no pasará nada, porque no interesa escarbar en algunas verdades ¿a que no, señores de El País?