La Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos, ante la alarma social provocada por la carta de la Secretaría de Estado del Vaticano al gobierno español, de fecha 14 de febrero de 2019 y hecha pública ayer por los medios de comunicación órganos de expresión oficiosa del gobierno, quiere poner de manifiesto lo siguiente:
– El texto de esa carta no es diferente al que, en un hecho sin precedentes, el Vaticano se vio obligado a publicar desmintiendo a la vicepresidenta del Gobierno Sra. Calvo, tras la reunión que ésta y el Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, mantuvieron el 29 de octubre del pasado año 2018.
En la carta que se hizo publica ayer, el Vaticano, siempre hábil en cuestiones diplomáticas, manifiesta que “no se opone a la exhumación”, cuestión que está muy lejos de lo que hoy publican la mayoría de medios digitales de este país en una interpretación torticera y desde luego interesada, en el sentido de que “el Vaticano apoya la exhumación”. ESTO ES FALSO
– El texto de la carta del Vaticano al gobierno, al que exigimos publique integro en toda su literalidad, hace especial hincapié en varios de sus párrafos, y esta asociación no puede estar más de acuerdo, que es “la autoridad competente” quien debe decidir. Esta “autoridad competente”, recordemos no es otro que el Tribunal Supremo, quien ya advirtió hace pocas fechas que: “ la exhumación no podrá ser ejecutada sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta sala se haya pronunciado”
– El Secretario de Estado del Vaticano también manifiesta en su tan citado escrito, que ha recordado a la Abadía del Valle de los Caídos, “su deber cívico de observar el ordenamiento y de respetar a las autoridades civiles”. A este respecto, esta ADVC, desde el más profundo respeto, lamenta la oportunidad perdida por el Vaticano para advertir precisamente de esto mismo al destinatario de la carta, el gobierno español, ya que si hay alguien que pueda parecer dispuesto a saltarse la legalidad y el ordenamiento jurídico español, es precisamente el Gobierno del Reino de España, y no el prior del Valle de los Caídos cuya actuación en este tema es hasta el momento intachable y extraordinariamente rigurosa en el cumplimiento de las normas legales.
Por tanto y a la espera de nuevos acontecimientos en el curso de las acciones judiciales que esta asociación y otros interesados han emprendido, llamamos a nuestros socios y simpatizantes a la cordura, la calma y la inteligencia. La interpretación que de modo absolutamente subjetivo han hecho tanto el gobierno como sus medios satélites, entendemos que no es más que un “globo sonda” para peritar reacciones por parte de todos nosotros. Seamos prudentes y no le demos lo que están deseando.
Madrid, 21 de febrero de 2019